19 de febrero, 2026
Estados
El Congreso del Estado de México analizará la iniciativa enviada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para expedir la Ley de Salud del Estado de México, con el propósito de garantizar el derecho a la salud bajo un enfoque integral e interseccional. La propuesta plantea fortalecer la rectoría sanitaria, la coordinación institucional y las capacidades operativas del sector, en armonía con la Ley General de Salud.
Actualmente, la regulación en la materia se encuentra dentro del Código Administrativo estatal. De acuerdo con la exposición de motivos, esta estructura limita el derecho a la salud a una lógica administrativa, sin desarrollar plenamente sus dimensiones preventiva, curativa, rehabilitadora y paliativa. El nuevo ordenamiento establece principios como calidad, eficiencia, equidad, gratuidad, humanismo, integralidad, interculturalidad, interés superior de la niñez, justicia social, no revictimización, perspectiva etaria y de género, progresividad, sostenibilidad y universalidad.
La iniciativa fue presentada ante el pleno por la diputada Jennifer Nathalie González López, de Morena y presidenta de la Comisión de Salud, Asistencia y Bienestar Social. La legisladora explicó que el proyecto busca consolidar un sistema sanitario con visión humana, mayor capacidad resolutiva y enfoque preventivo. Además, reconoce como grupos de atención prioritaria a personas adultas mayores, mujeres y personas gestantes, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, población en situación de calle, integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+, personas migrantes, pueblos indígenas y afromexicanos, así como víctimas de delitos o violaciones a derechos humanos.
El documento también contempla el fortalecimiento del modelo de atención primaria a la salud, herramientas de digitalización e inteligencia epidemiológica, y disposiciones específicas en salud mental. Se establece por primera vez un catálogo de derechos de las personas usuarias y pacientes, que incluye trato digno, consentimiento informado, confidencialidad, acceso al expediente clínico, atención de urgencias y acceso a medicamentos. La implementación, señala la iniciativa, deberá realizarse con austeridad y disciplina financiera, utilizando recursos existentes, aunque la diputada Honoria Arellano Ocampo, del PVEM, solicitó prever un presupuesto robusto para atender retos como infraestructura inconclusa, falta de personal y abasto de medicamentos.